NO AL CAMBIO DE ESTATUS JURÍDICO DE RADIO NACIONAL ARGENTINA!
ACERCA DE RTA Y SU TRANSFORMACIÓN EN SAU
La creación de RTA como Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) debe analizarse en el marco de que la comunicación no es una actividad de naturaleza privada, sino inherentemente pública y esencial para la sociedad. La comunicación constituye un derecho humano fundamental, reconocido en tratados internacionales y en la Constitución Nacional, y es responsabilidad del Estado garantizarla.
Las Sociedades del Estado eran entidades públicas creadas por ley, con un régimen jurídico especial y bajo control directo del Estado. Su objetivo principal era cumplir funciones de interés público, como la gestión de medios y contenidos.
Por otra parte, las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.) son empresas con personalidad jurídica propia, regidas por la Ley General de Sociedades (Ley N° 19.550). Aunque el Estado sigue siendo el único accionista, estas sociedades operan con mayor autonomía y bajo normas comerciales.
La transformación de RTA en SAU mediante un decreto, además, desoye al Congreso de la Nación que sacó de la Ley Bases la privatización de los Medios Públicos debido a su rol estratégico en la promoción de la pluralidad, la cultura y la educación, así como por su importancia como *bien público*.
El Estado es dueño de todas las frecuencias de radio y televisión del país, ya que son consideradas un bien público. Sin embargo, el Estado no las explota directamente en su totalidad, sino que las concede a privados, medios comunitarios y públicos a través de licencias.
Es el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), quien regula y supervisa los servicios de comunicación audiovisual, incluyendo la adjudicación de licencias y autorizaciones para la operación de estaciones de radio y televisión. Esto es así porque *el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado nacional.*
La *libertad de expresión es la base sobre la cual se construye el derecho a la comunicación*, ya que este último no solo implica la posibilidad de expresarse, sino también de acceder a información, participar en debates públicos y ser parte activa de la vida social y política.
Tanto la libertad de expresión como el derecho a la comunicación dependen de que el Estado regule y proteja el acceso a los medios de comunicación, evitando la concentración de poder en pocas manos y promoviendo la diversidad de voces.
Sin embargo, la presencia de grandes grupos privados y los cambios políticos han generado debates sobre la pluralidad y el acceso a la información.
Recientemente en el caso del tratamiento mediático de la mega estafa con la criptomoneda $Libra vimos que lejos de aquel “cuarto poder” que imaginaron los ideales democráticos, una parte -menor pero de mucha exposición- del periodismo contemporáneo se ha convertido en correa de transmisión de intereses particulares.
En lugar de informar con independencia y rigor, operan como máquinas de propaganda al servicio de las élites económicas. La información se convierte en mercancía, y la verdad, en un obstáculo para los intereses de sus dueños.
El Estado no puede desligarse de la obligación de gestionar y financiar los medios públicos. Transformar estos medios en entidades con lógica comercial pondría en riesgo su función social, dejando a amplios sectores de la población sin acceso a contenidos educativos, culturales y de interés popular. Por eso sostenemos que el Estado debe cumplir su rol indelegable de sostener y fortalecer los medios públicos, asegurando que desempeñen su misión de servir a la ciudadanía y no a intereses privados.
Radio Nacional es un medio fundamental en la infraestructura de comunicación de Argentina, especialmente en regiones remotas donde funciona como el principal canal de información y conexión para la población. En estas zonas, la radio no solo cumple un rol informativo, sino que también suple la falta de servicios como teléfono, correo o Internet, adaptándose a las condiciones climáticas y geográficas adversas.
Sin embargo este cambio de SE a SAU, es transformar la gestión pública en privada aunque esa gestión esté en manos del Estado ya que se va a regir por la misma ley que cualquier sociedad privada es decir, haciendo prevalecer intereses particulares por sobre los públicos.
Queremos una Radio Nacional que esté al servicio de las mayorías populares, promoviendo la educación, la cultura y el progreso social, con el Estado como garante exclusivo del rol federal y social de la radio, proporcionando los recursos necesarios para su mantenimiento y desarrollo, en contraposición a intereses privados que buscan lucrar con la emisora y sus contenidos.
NO al cambio de estatus jurídico de Radio Nacional y los Medios Públicos.
Unidad de las y los trabajadores en defensa de Radio Nacional y sus trabajadores.
ATRANA
