Libertad para Belén ya!

Atrana va a participar, junto a distintos sindicatos, organizaciones de mujeres y referentes sociales, el jueves 19 de mayo a las 17 hs en la Sala 2 del Anexo del Congreso Nacional, de una audiencia pública destinada a reclamar la libertad de la joven Belén.

Belén es una joven tucumana que lleva 2 años presa, acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía luego de que asistiera con un aborto en curso al Hospital de Clínicas Avellaneda, de la Ciudad de Tucumán.

Hace 2 años, Belén acudió a la guardia del hospital para ser atendida por dolores abdominales y un abundante sangrado. El médico que la atendió le informó que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 20 semanas. Belén contestó que desconocía estar embarazada, declaración que repite hasta hoy.

Es perfectamente posible estar embarazada y no saberlo hasta el momento del parto o cuando el embarazo ya está bastante avanzado, incluso se le dedicó un programa de televisión al tema. Un estudio estima que 1 de cada 475 embarazos, son desconocidos hasta transcurrida la semana 20, incluso uno de cada 7225 llegan al momento del parto sin que la mujer lo sepa.

A partir de ese momento, su vida se convirtió en un calvario. La víctima que llegó a atenderse a un hospital público fue revictimizada una y otra vez. La institución que debía garantizar su salud avaló la violación del secreto profesional, la violencia obstétrica y abonó la violencia judicial.

Mientras estaba internada fue detenida. Una vez dada de alta, la llevaron a la cárcel, donde cumple una condena de 8 años.

La severidad con que se trata a esta mujer pobre logró difusión a partir de que Soledad Deza, abogada perteneciente a la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, asumió su defensa. Porque, como ocurre en estos casos, las dificultades económicas le habían cercenado la posibilidad de una defensa efectiva.

A Belén, la presunción de inocencia le fue suprimida, lo que es coherente con el armado completo de la causa, ya que no existe prueba fehaciente que la vincule con el delito que se le imputa.

Este accionar de la Justicia y el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, primero con el gobierno kirchnerista de José Alperovich, y ahora su continuidad política, el gobernador Juan Manzur, dejan entrever que se trata de una política tendiente a regimentar a las mujeres, negándoles derechos humanos básicos como la salud y la vida misma. Alperovich, cabe recordar, es acusado por Alberto Lebbos -el padre de Paulina- de haber encubierto el crimen de su hija que -se sospecha- habría sido asesinada en una fiesta de los hijos del poder.

¡Exigimos su liberación ya! Basta de criminalizar a las mujeres. Que el Estado garantice el acceso a la salud de todas las mujeres sin prejuicios ni discriminación.